Corte federal de apelaciones bloquea orden de Trump sobre reasentamiento de refugiados

Por Catholic News Service

WASHINGTON (CNS) – Un tribunal de apelaciones del circuito federal dijo que una orden ejecutiva de la administración Trump que permitiría a los funcionarios del gobierno estatal y local rechazar a los refugiados en su jurisdicción violaba prácticas de reasentamiento.

El fallo del 8 de enero de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito confirma una orden judicial preliminar otorgada por un juez federal en Maryland hace un año que determinó que la orden ejecutiva podría considerarse ilegal porque otorga a los estados y localidades el poder de veto que “vuela en el frente a la clara intención del Congreso” que estableció la Ley de Refugiados de 1980.

El fallo de 28 páginas se produjo en un caso presentado por tres agencias religiosas de reasentamiento: HIAS, una organización judía; Servicio Mundial de Iglesias; y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, que dijo que su trabajo se vería afectado y perjudicado directamente por la orden ejecutiva.

Significa que las agencias de reasentamiento ya no deben acercarse a cada jurisdicción gubernamental individual en la que ayudan a los refugiados a poner raíces en un nuevo sitio. En total, 42 gobernadores y más de 100 autoridades locales habían acordado continuar con el reasentamiento de refugiados.

Las agencias de reasentamiento de refugiados acogieron con satisfacción el fallo.

Migrantes guatemaltecos esperan en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora en la Ciudad de Guatemala el 6 de enero de 2021, tras ser deportados de Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones del circuito federal dijo el 8 de enero que una orden ejecutiva de la administración Trump que hubiese permitido a funcionarios de gobiernos estatales y locales rechazar a refugiados en su jurisdicción violaba prácticas de reasentamiento. (Foto CNS / Luis Echeverría, Reuters)

Ashley Feasley, directora de política de Migración y Servicios para Refugiados (MRS) de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB), dijo que el tribunal señaló en su fallo que los cambios requeridos bajo la orden ejecutiva “causarían un trato desigual a los refugiados y socavarían la coherencia nacional para la cual que la ley está diseñada”.

El trabajo de MRS y la USCCB “es ayudar a reasentar a los refugiados y garantizar que puedan reconstruir sus vidas y contribuir a nuestro país y, en muchos casos, reunirse con sus familias”, dijo Feasley.

“Asegurar que podamos ayudar a ubicar a los refugiados con sus familias donde sea que estén es un avance en el trabajo de la iglesia y del papa Francisco, quien señala que especialmente en este momento de COVID-19, debemos cuidar a los vulnerables y garantizar para no dejar a nadie atrás”.

Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora ejecutivo del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dijo que los refugiados que buscan vivir de manera segura en los EE. UU. ya no serán utilizados como peones por los gobiernos estatales y locales.

“Este fallo brinda un alivio fundamental. Aquellos que han estado esperando durante años para reunirse con sus familias ya no tendrán que elegir entre sus seres queridos y los servicios de reasentamiento que son tan críticos en sus primeros meses como nuevos estadounidenses”, dijo en una declaración.

El presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva en septiembre de 2019. Las tres agencias de reasentamiento pronto presentaron una demanda impugnando la orden. Un juez de distrito federal emitió una orden judicial preliminar el 15 de enero de 2020, impidiendo que la administración Trump haga cumplir una orden ejecutiva.

La administración apeló el fallo, lo que llevó a la decisión del tribunal de circuito.

La corte de apelaciones dijo que la orden ejecutiva violaba la Ley de Refugiados de 1980 que requería que el gobierno federal consultara con las jurisdicciones locales sobre las disposiciones de implementación establecidas para reasentar a los refugiados. El tribunal dijo que al exigir a los gobiernos estatales y locales que den su consentimiento para aceptar refugiados, ya no se cumplen los requisitos de consulta establecidos en la ley.

Vignarajah dijo que la agencia recibió un amplio apoyo de la comunidad mientras seguía el caso en el sistema judicial federal.

“La urgencia del momento exige amor y compasión y un nuevo compromiso para defender el legado estadounidense de hospitalidad para aquellos que más lo necesitan”, dijo Vignarajah.

“Es nuestro deber civil defender a los que no tienen voz y responsabilizar a quienes están en el poder por restaurar los principios humanitarios que han guiado durante mucho tiempo el liderazgo moral de nuestra nación”, agregó.

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Author: Catholic News Service

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