Por Carol Zimmermann | Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — El 26 de abril, después de casi dos horas de argumentos orales, los jueces de la Corte Suprema tenían opiniones diversas sobre la decisión de la administración de Joe Biden de poner fin a una política de inmigración de la era de Donald Trump llamada “Quédate en México”.
Formalmente conocida como Protocolos de Protección al Migrante (o MPP, por sus siglas en inglés), esta política exige que los solicitantes de asilo permanezcan en México hasta que sus casos puedan ser escuchados en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Los defensores de inmigración, incluyendo muchas organizaciones católicas, se han pronunciado en contra de esta política. Durante los argumentos orales, los activistas realizaron una manifestación frente a la Corte Suprema con carteles que tenían la frase “seguro, no varado”.
La política, implementada en 2019, ha representado un gran problema para la administración de Biden. Una vez que el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021, detuvo la política y luego buscó formalmente terminarla unos meses después, en junio.
Sin embargo, en agosto de ese año, después de que Texas y Missouri presentaran una demanda para mantener el programa, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas les dijo a los funcionarios de la administración que tenían que seguir cumpliendo con la política, diciendo que no la habían terminado correctamente.
El diciembre pasado, un juez federal restableció el programa con algunos cambios realizados por la administración de Biden, incluyendo la promesa de resolver los casos dentro de los seis meses y pagar el transporte de los migrantes hacia y desde las audiencias.
La pregunta ahora ante el Tribunal Superior de la nación es si los funcionarios de inmigración deben enviar a los solicitantes de asilo a México o si pueden permitirles ingresar a Estados Unidos mientras esperan sus audiencias.
Algunos de los jueces cuestionaron la capacidad de la administración para liberar inmigrantes a Estados Unidos, pero también cuestionaron cómo los tribunales de Texas pueden determinar la política pública.
La procuradora general Elizabeth Prelogar expresó que la ley no contiene una disposición que exija que los migrantes sean regresados a México, y también señaló que existe un “beneficio público” en permitir que los migrantes que pasan los antecedentes penales y otros controles ingresen a Estados Unidos, dejando libres las camas en los establecimientos de detención para los que son más peligrosos.
También señaló que era imposible en un nivel práctico detener a todos los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, ya que hay menos de 40,000 camas de detención de inmigrantes.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que, aunque el gobierno no puede detener a todos los que cruzan la frontera, se preguntó si liberar a un gran número de ellos a Estados Unidos cumplía con la ley federal.
Desde que restableció la política de inmigración, la administración de Biden ha registrado a 3,012 migrantes en el programa Quédate en México, principalmente solicitantes de asilo de Cuba, Nicaragua, y Venezuela.
El procurador general de Texas, Judd Stone, enfatizó que la ley federal requiere que los funcionarios fronterizos de Estados Unidos detengan o devuelvan a los migrantes a México y dijo que, si Estados Unidos ha alcanzado el límite de capacidad para detener a migrantes, los funcionarios de inmigración deberían mandarlos nuevamente a México, donde pueden esperar sus audiencias de asilo.
Sin embargo, los que se ven obligados a esperar en México han dicho que han estado en situaciones peligrosas y que les ha resultado difícil encontrar abogados que se encarguen de sus casos.
“Los derechos legales, la seguridad, y la humanidad de miles de hombres, mujeres, y niños han sido ignorados, ya que se han visto obligados a esperar en condiciones potencialmente mortales en México debido al MPP”, manifestó Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, conocida como CLINIC.
“Rezamos para que la Corte Suprema reconozca que el MPP es ilegal e inmoral, para que la administración Biden pueda poner fin al vergonzoso programa de una vez por todas”, indicó en un comunicado del 26 de abril.
CLINIC presentó un escrito de amicus curiae en este caso, instando a la Corte Suprema revocar el fallo de la corte inferior presentado por Texas y Missouri, que ordenaba al gobierno restablecer la política.
Joan Rosenhauer, directora ejecutiva del Servicio Jesuita a Refugiados/Estados Unidos, tuvo una opinión similar. “Durante más de tres años, el MPP ha obligado a miles de solicitantes de asilo a esperar sus audiencias de asilo en peligrosas ciudades fronterizas, sometiéndolos a un peligro y violencia sistémicos”, dijo en un comunicado, agregando que su organización “trabaja directamente con personas en el norte de México mientras esperan la oportunidad de buscar asilo y encontrar seguridad en Estados Unidos. Todos los días escuchamos sobre la violencia y el sufrimiento que experimentan”.
En diciembre pasado, el jefe del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, también dijo que la política debería suspenderse.
“Estamos profundamente consternados por la re implementación del MPP”, acotó. “Desafortunadamente, los intentos de la administración de hacer que este programa sea ‘más humano’, por bien intencionado que sea, no curará sus fallas inherentes, ni aliviará su inevitable costo en vidas humanas”.
Se espera una decisión en este caso, Biden v. Texas, para fines de junio.