Por Lucien Chauvin | Catholic News Service
LIMA, Perú (CNS) — Los obispos católicos de Perú intervinieron en el tema más reciente que ha enturbiado las elecciones presidenciales venideras de Perú: la eutanasia.
Un juez de la Corte Superior de Lima, la capital de Perú, dictaminó el 25 de febrero que el código penal del país que cubre los “asesinatos por piedad” no se aplicaría en el caso de una mujer que padece polimiositis, una enfermedad muscular degenerativa.
Ana Estrada, de 44 años, fue diagnosticada con la enfermedad hace más de tres décadas. Ella ya no es móvil; en 2015, le hicieron una traqueotomía y desde entonces ha estado conectada a un respirador. Decidiendo buscar opciones para una “muerte digna”, en enero se presentó su caso ante el tribunal.
La decisión del juez a su favor, sin embargo, fue rápidamente más allá del caso inmediato de Estrada, con candidatos presidenciales, grupos de sociedad civil, y la conferencia de obispos dando a conocer sus posiciones.
La eutanasia se ha convertido, repentinamente, una parte de un trío de temas — junto con el matrimonio igualitario y los derechos reproductivos — provocando un acalorado debate a solo semanas de las elecciones del 11 de abril.
Los obispos de Perú, aunque expresaron que comprenden el sufrimiento de Estrada, emitieron un comunicado el 27 de febrero advirtiendo contra la eutanasia.
“Debemos recordar que la eutanasia siempre será el camino equivocado, porque va en contra del derecho inalienable a la vida, provoca la muerte directa de un ser humano y, por lo tanto, es un acto intrínsecamente maligno”, dice el comunicado de los obispos.
Otros candidatos presidenciales no fueron tan considerados al expresar su oposición. Rafael López Aliaga, del movimiento conservador Renovación Popular, sostuvo que el estado no debe involucrarse y que, si alguien quiere morir, debe “ir a lo alto de un edificio y saltar”.
López tiene una opinión diferente sobre el aborto, incluyendo en caso de una violación. El dijo que el estado no puede permitir el aborto en ninguna circunstancia y que cualquier niña o mujer que opte por un aborto luego “tendrá serios problemas mentales”.
Sin embargo, varios partidos han defendido el fallo del juez en el caso de Estrada. El congresista Gino Costa, del gobernante Partido Morado, presentó una legislación a fines de enero que permitiría a los pacientes con enfermedades terminales solicitar asistencia para terminar con sus vidas.
Costa calificó la decisión de la corte en el caso de Estrada como histórica y dijo que este fallo hacía “aún más urgente que el Comité de Salud en el Congreso debata el proyecto de ley sobre eutanasia”.
A diferencia de la sentencia judicial, la legislación presentada por Costa es más amplia y requeriría que todos los hospitales cumplan si un paciente terminal opta por el suicidio asistido.
Si el proyecto de ley de Costa se convierte en legislación, Perú estaría siguiendo a Colombia, el único país de América del Sur que permite la eutanasia. La Corte Constitucional de Colombia aceptó la eutanasia en 1997, pero no se utilizó hasta 2015. Hay un proyecto de ley pendiente en el Congreso de Colombia para crear el marco legal para la eutanasia.
Chile también está trabajando en una ley de suicidio asistido. La cámara baja del Congreso aprobó la legislación en diciembre, pero se devolvió al Comité de Salud para corregir los cambios, incluida la estipulación de los 18 años como la edad más temprana que un paciente puede solicitar la eutanasia. Chile celebra elecciones el 11 de abril para una Asamblea Constituyente que redactará una nueva constitución. El derecho al suicidio asistido se incluiría en la nueva constitución.