“Cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no lo molestarás” (Levítico 19, 33).
Tristemente nuestro sistema de inmigración está roto. Por demasiado tiempo, nuestras leyes en papel decían “alto, no hay entrada” mientras que, en realidad, por razones tanto económicas como políticas, migrantes indocumentados se les permitió entrar, algunas veces siendo animados por intereses de negocio o incluso de nuestro gobierno. Como el Papa Francisco ha dicho, los migrantes han sido con frecuencia tratados como “peones sobre el tablero de la humanidad” .
Oficiales electos de los dos partidos políticos principales, no han logrado ir más allá del cálculo político y colaborar en una solución enraizada en el respeto de migrantes y el bien común de la nación. Este fracaso de liderazgo ha resultado en repetidos conflictos tanto en la frontera como en nuestras comunidades que solo han empeorado.
Las políticas migratorias de la administración Biden exacerbaron estos problemas y, como respuesta, el Presidente Trump está resuelto en instigar medidas enfocadas principalmente en arrestos y deportaciones. De preocupación particular esta su decisión de rescindir las políticas que previamente limitaban detenciones o arrestos en lugares “sensibles”, localidades así como iglesias, escuelas, refugios y hospitales. Es frecuente y precisamente en estos lugares que nosotros, como católicos, respondemos al mandato de atender a nuestro “prójimo” sin discriminación. No es difícil imaginar cómo este cambio de política podría interferir con el ejercicio de nuestra fe al servir a aquellos en necesidad (cf. Mt. 25, 35).
Hasta el punto que las acciones de la nueva administración se enfoquen en la detención y deportación de las personas con antecedentes criminales y quienes son un peligro para la sociedad, ofrecemos nuestro total apoyo. Por otro lado, nos oponemos a cualquier campaña indiscriminada de control de inmigración que amenace innecesaria o injustamente la separación de familias que hemos llegado a conocer como nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
Reiteramos nuestra solicitud al Congreso para una reforma migratoria integral para arreglar nuestro sistema roto, y apelamos a la Administración para una orden revisada que establezca que, en ausencia de circunstancias exigentes, ninguna acción de cumplimiento de la ley migratoria puede llevarse a cabo en propiedades de iglesias o escuelas católicas sin una orden judicial debidamente ejecutada.
Mantener unidas a las familias
En las últimas décadas, millones de inmigrantes se han establecido en Estados Unidos. Muchos han construido sus vidas en nuestras comunidades y han formado sus familias aquí. Sus hijos nacidos aquí, como nosotros, gozan de la ciudadanía estadounidense. Muchos de estos inmigrantes han venido fortaleciendo desde hace mucho tiempo el tejido de nuestra sociedad y de la vida estadounidense.
La realidad es que, aunque como nación hemos llegado a depender de los inmigrantes indocumentados y de sus numerosas contribuciones a nuestras comunidades, con demasiada frecuencia se les ha tratado como peones políticos. Su trabajo es explotado, se les amenaza con la deportación y se les demoniza siempre que sea políticamente conveniente. Se ven obligados a vivir con miedo y a operar a menudo en las sombras de la sociedad y la economía. Y ahora están en riesgo incluso en nuestras iglesias y escuelas católicas. Este comportamiento es un sello distintivo de lo que el Papa Francisco llama una cultura del “descarte”.
Alentamos a la Administración a que lleve a cabo la aplicación de las leyes migratorias con prudencia, cautela y siempre teniendo en mente la dignidad humana. Un aspecto central de la protección de la dignidad humana es el respeto a la seguridad y la integridad de la familia. Y las familias, especialmente aquellas con niños menores y aquellos cuyos hijos o hermanos son ciudadanos, no deberían ser separadas y deportadas. Como líderes eclesiales que atienden a muchas de las familias inmigrantes en Minnesota, vemos la sabiduría de las políticas compasivas de “las familias primero”, como las “acciones diferidas” para los llegados en la infancia (DACA) y para los padres de estadounidenses (DAPA) que se han sugerido en el pasado.
Somos una nación de leyes que deben respetarse, pero tomar medidas de la aplicación de las leyes migratorias utilizando un cálculo simplista basado en el estatus legal de un individuo es injusto. La justicia consiste en establecer relaciones correctas entre nosotros y dar a cada uno lo que le corresponde. Tal vez se justifiquen algunas sanciones proporcionadas para quienes han infringido la ley, pero muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes merecen algo más que una deportación rápida dadas sus contribuciones a nuestra sociedad.
No ‘fronteras abiertas’
El hecho de que abogamos por una reforma migratoria integral y la aplicación justa de las leyes con los que ya residen aquí no significa que abogamos de manera simplista por de las “fronteras abiertas”. Reconocemos que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y de promover la seguridad pública y poner las necesidades de su gente en primer lugar. Cuando sea necesario, los gobiernos deberían instituir políticas migratorias ordenadas, que a veces requieren fuertes medidas de seguridad fronteriza. Los muros, por ejemplo, pueden tener puertas para quienes necesitan refugio y ejercen el derecho a migrar.
Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), “[l]as autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas”. Una nación no está obligada a recibir a todos los que quieren entrar. Podrá, de vez en cuando, suspender la inmigración y el reasentamiento de refugiados cuando sea necesario para garantizar o restablecer un sistema ordenado, libre de corrupción y abusos, o cuando sea necesario priorizar el bienestar de los ciudadanos debido a recursos limitados u otras preocupaciones. (Consulte, por ejemplo, Pontificia Consejo Justicia y Paz, “La Iglesia ante el racismo: Para una sociedad más fraterna”, 1988). Entre esas preocupaciones se incluye la capacidad y el deseo de los inmigrantes o refugiados de “respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas” (CIC 2241).
Sin embargo, corresponde a la nación asegurarse de seguir evaluando con justicia cómo, en solidaridad, puede acoger al extranjero de acuerdo con sus deberes hacia sus ciudadanos.
Una prueba de derechos humanos
En su libro, Inmigración y el futuro de Estados Unidos de América, el Arzobispo José Gómez de Los Ángeles describe nuestra respuesta al sistema de inmigración roto como una importante prueba de derechos humanos para nuestra nación. Reiteramos nuestro llamado a los ciudadanos para que apelen al Congreso y al Presidente por una reforma integral de nuestro sistema roto que incluya recursos para mejorar la seguridad fronteriza, una acogida generosa pero también prudente de los refugiados y aquellos que buscan asilo que no suponga una carga excesiva para las comunidades locales y vías para obtener un estatus legal para los residentes indocumentados de largo plazo.
Que Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas, interceda por nosotros para que podamos vernos y respondernos unos a otros, inmigrantes y ciudadanos, según nuestra identidad común como hijos del único Padre, y por tanto como hermanos y hermanas. Ésta es la identidad que trasciende todas las demás, incluyendo el estatus legal.
Atentamente,
Arzobispo Bernard A. Hebda Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis
Obispo Andrew H. Cozzens Diócesis de Crookston
Obispo Daniel J. Felton Diócesis de Duluth
Obispo Chad W. Zielinski Diócesis de New Ulm
Obispo Patrick M. Neary, C.S.C. Diócesis de Saint Cloud
Obispo Robert E. Barron Diócesis de Winona-Rochester
Obispo Auxiliar Michael J. Izen Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis
Obispo Auxiliar Kevin T. Kenney Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis