Por Mark Pattison | Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — La declaración anual del Día del Trabajo de este año de los obispos de Estados Unidos promociona dos proyectos de ley — que esperan acción en el Congreso — útiles para los niños, las mujeres, y las familias: la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas (o PWFA, por sus siglas en inglés) y una expansión del crédito fiscal federal por hijos.
“Incluso antes de las incertidumbres económicas actuales, las mujeres, especialmente las mujeres afrodescendientes y latinas, ganaban menos que sus contrapartes masculinas, incluso cuando hacían el mismo trabajo con las mismas calificaciones”, expresó el arzobispo Paul S. Coakley de la ciudad de Oklahoma, presidente del Comité de Obispos sobre Justicia Doméstica y Desarrollo Humano, en la declaración.
“Ellas ocuparon la mayoría de los trabajos de atención directa, experimentando un mayor riesgo de lesiones, alto estrés, y exposición a enfermedades mientras ganaban salarios bajos. Eran la mayoría de los cuidadores de sus seres queridos, pero muchas carecían de políticas adecuadas de licencia familiar y médica. Estos y otros desafíos económicos siguen afectando a las familias y los niños trabajadores”, expuso el arzobispo Coakley.
La declaración, “Construyendo una Economía Justa para las Mujeres y las Familias”, con fecha del 5 de septiembre, Día del Trabajo, se publicó el 31 de agosto.
Al señalar que este era el primer Día del Trabajo desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade, el arzobispo Coakley dijo: “Este momento único requiere una sociedad y una economía que apoye los matrimonios, las familias, y las mujeres; exige que todos pongan de lado divisiones políticas y trabajen diligentemente para reformular las políticas sociales de manera que sean pro-mujer, pro-familia, pro-trabajador y, por lo tanto, auténticamente pro-vida”.
Sugirió que tanto la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas como la expansión del crédito fiscal por hijos cumplen ese objetivo, llamando a la primera una de las “prioridades” de los obispos.
“Actualmente no existe una ley federal que requiera que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables a corto plazo a las mujeres embarazadas en el lugar de trabajo y la PWFA lo haría. Las solicitudes comunes incluyen poder llevar una botella de agua, un taburete para trabajos que involucran largos períodos de pie, o tareas más livianas para trabajos que implican levantar objetos pesados”, acotó.
“A las mujeres en trabajos de bajo salario y físicamente exigentes, desproporcionadamente ocupados por mujeres de color, se les niegan regularmente estas adaptaciones simples y se las despide o se las obliga a tomar licencias sin goce de sueldo. Varios estados ya cuentan con leyes como esta; sin embargo, las mujeres embarazadas en todos los estados deben estar protegidas por estos estándares”.
El proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara, pero espera acción en un Senado que se está quedando sin días en su calendario. “Ninguna mujer debe verse obligada a arriesgar su salud o la de su hijo, un aborto espontáneo, un parto prematuro, la seguridad económica, o la pérdida de los beneficios del seguro solo porque solicita una adaptación razonable a corto plazo relacionada con el embarazo”, indicó el arzobispo Coakley.
El arzobispo usó la declaración para presionar por la aprobación de un crédito fiscal ampliado por hijos (o CTC, por sus siglas en inglés).
“En 2021, el CTC brindó ayuda financiera a las familias que tenían dificultades para llegar a fin de mes. Las familias gastaron en gran medida este dinero en alimentos, facturas de energía, pagos de vivienda, y otras necesidades básicas. Con el aumento de la inflación, sería fundamental continuar expandiendo este crédito fiscal, útil para las familias obligadas a elegir entre comprar alimentos o llenar sus tanques de gasolina”, dijo el arzobispo Coakley.
“El Congreso debe avanzar con una propuesta de CTC que no tenga requisitos de ingresos mínimos, incluya familias con estatus migratorio mixto, esté disponible para el año anterior al nacimiento, y se ofrezca a todos los niños, independientemente del tamaño de la familia”, agregó. “El CTC fue enormemente efectivo para reducir la pobreza infantil en 2021 y no debemos retroceder en este progreso”.
La aprobación de ambos proyectos de ley, dijo el arzobispo Coakley, “tendría un profundo impacto en la estabilidad familiar, especialmente para las familias que son financieramente vulnerables”.