Por Rhina Guidos | Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — Algunas agencias de noticias reportan que el gobierno del presidente Joe Biden quitará en mayo una medida de salud pública que se implementó al comienzo de la pandemia de coronavirus que ha mantenido fuera a solicitantes de asilo.
Grupos católicos que apoyan a inmigrantes han pedido durante mucho tiempo que se ponga fin al Título 42 de la Ley de Seguridad de la Salud Pública, que la administración Trump comenzó a usar en marzo de 2020 cuando las infecciones por coronavirus comenzaron a aumentar en los EE. UU.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron instrucciones de expulsar a cualquier persona tratando de ingresar ilegalmente a los EE. UU. en vez de procesarlos bajo la ley de inmigración existente para quienes buscan asilo.
Varias agencias de noticias informan que funcionarios de la administración de Biden están señalando el fin del Título 42 para el 23 de mayo, aunque el gobierno no ha anunciado nada.
El gobierno de Biden ha recibido críticas de grupos católicos, entre otros, por mantener el Título 42 en lugar. Funcionarios de la administración han dicho que no era una política de inmigración sino una medida de salud y que el gobierno seguiría las indicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre cuándo terminarla.
Muchos esperan un aumento de migrantes buscando asilo en la frontera sur cuando se levante la medida.
El 22 de marzo, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo que habría un “colapso total” si se levantaba el Título 42.
La orden, dice la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en su sitio web, prohíbe “la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea en virtud de estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir pruebas de salud”.
Algunos como Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc., conocida como CLINIC, han atacado el Título 42 desde su implementación, calificándolo de una acción vergonzosa y racista diseñada para mantener alejados a los inmigrantes.
“Mientras vemos que gran parte de la nación se quita las máscaras ante las directrices de salud pública de esta administración, simultáneamente vemos que la misma administración continúa expulsando a las personas vulnerables para que sufran daños por la supuesta protección de la salud pública. No nos quedaremos en silencio ante tal hipocresía”, dijo en un comunicado de prensa del 21 de marzo de CLINIC.
Las religiosas y sus simpatizantes protestaron frente a la Casa Blanca en diciembre pidiendo el fin del Título 42.
El 30 de marzo, 14 instituciones jesuitas de derecho y defensa de los inmigrantes, incluidos los decanos de las escuelas de derecho jesuitas, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y la Iniciativa de Justicia Fronteriza en la Facultad de Derecho de Gonzaga, pidieron el fin del Título 42, diciendo que era “ilegal, peligroso e inflige profundo sufrimiento en personas extremadamente vulnerables”.
No hay “ninguna justificación actual de salud pública para su continuación”, agregaron en una carta dirigida al presidente Joe Biden y miembros clave de su administración.
Estados Unidos “debe rescindir el Título 42 de inmediato para que a nadie se le niegue el derecho a buscar protección”, dijo en la carta Giulia McPherson, directora de defensa y operaciones del JRS.
Otros grupos religiosos, incluido el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS) con sede en Washington, también han pedido su fin.
“Estamos agradecidos de que este capítulo largo y vergonzoso en la historia de nuestra nación esté llegando a su fin”, dijo la directora ejecutiva de LIRS, Krish O’Mara Vignarajah.
La decisión reconoce que las personas que huyen de la violencia y la persecución tienen derecho a buscar protección, dijo, al tiempo que reconoció las consecuencias políticas al terminar con la medida.
“Sabemos que habrá mucho teatro político en torno a esta decisión, pero instamos a la administración a permanecer enfocada en defender las obligaciones legales y humanitarias de nuestra nación para aquellos que buscan seguridad en las puertas doradas de Estados Unidos”, dijo.