Por Kate Scanlon
WASHINGTON (OSV News) — Un juez federal bloqueó el 12 de abril una normativa de la administración Biden que ampliaría las protecciones federales para miles de pequeños cuerpos de agua, como arroyos y humedales, en 24 estados de todo el país.
El juez Daniel Hovland del Distrito de Dakota del Norte emitió una orden preliminar temporal para detener la aplicación de la norma, que ampliaría la definición de qué tipos de cuerpos de agua califican para la protección federal de la calidad del agua bajo la Ley de Agua Limpia de 1972.
Veinticuatro estados la mayoría gobernados por republicanos y encabezados por West Virginia presentaron una demanda a la normativa, alegando que era una extralimitación federal que perjudicaría a las industrias agrícolas de sus estados. Los partidarios de la normativa argumentaron que protegería el medio ambiente y el agua potable.
La orden judicial llega poco después de que el presidente Joe Biden vetara a principios de abril una resolución del Congreso que habría anulado la norma. Tanto la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, como el Senado, controlado por los demócratas, recurrieron a la Ley de Revisión del Congreso (Congressional Review Act) para bloquear la normativa, y algunos demócratas se opusieron a ella.
En un mensaje que acompañaba a su veto, Biden, un demócrata católico, argumentó que la norma de su administración “proporciona unas reglas de juego claras que ayudarán a avanzar en los proyectos de infraestructuras, las inversiones económicas y las actividades agrícolas, todo ello protegiendo la calidad del agua y la salud pública”.
“Permítanme ser claro: todos los estadounidenses tienen derecho al agua limpia”, escribió Biden en Twitter. “Este veto protege ese derecho”.
Pero en su orden, Hovland escribió que los estados desafiantes “han demostrado persuasivamente que la nueva regla 2023 representa una amenaza para sus derechos soberanos y equivale a un daño irreparable”.
Un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que la agencia está revisando la orden judicial y sus opciones, pero defendió la regla.
“Las agencias continúan comprometidas en establecer e implementar una definición duradera de ‘aguas de Estados Unidos’ informada desde diversas perspectivas”, dijo el comunicado de la EPA.
“Nuestro objetivo es proteger la salud pública, el ambiente, y las comunidades situadas corriente abajo y a la vez apoyar las oportunidades económicas, la agricultura y las industrias que dependen del agua limpia”.
El fiscal general de West Virginia, Patrick Morrisey, afirmó en un comunicado que los 24 estados que impugnan la normativa buscan un equilibrio adecuado de poder entre su autoridad y la del gobierno federal.
“Es un esfuerzo de décadas de la EPA para regular aguas puramente intraestatales sin el consentimiento explícito de los legisladores”, dijo Morrisey. “Crea retrasos y costes innecesarios para agricultores, contratistas, ganaderos y cualquiera que se preocupe por la actividad económica”.