Por Lucien Chauvin | Catholic News Service
MOQUEGUA, Perú (CNS) — Graciela Torres tiene dos hijos con discapacidad mental. Lograr que reciban una educación en las afueras de Moquegua, una pequeña ciudad del sur de Perú, nunca fue fácil. La llegada de la pandemia de COVID-19 lo hizo mucho más difícil.
Además de ser madre y sostén de la familia, Torres ha tenido que ser profesora y dar apoyo técnico a sus hijos, Lady, 15, y Emmanuel, de 11 años, desde marzo de 2020, cuando Perú canceló las clases presenciales a causa de la pandemia.
Torres ayuda a sus hijos con las lecciones y las tareas de los programas estatales de aprendizaje a distancia, “Aprendo en casa”, a pesar de que no entiende algunos de los contenidos. Les hace trabajar en una pequeña mesa arrimada en un rincón, uno de los pocos sitios donde el sol no ha quemado el techo de paja.
“Ha sido muy difícil para nosotros. Aquí no llega Internet, así que tenemos que subir a lo alto de la colina para acceder. Llevo a los niños y a los cerdos que cuido y subimos a pie. A veces pueden pasar 90 minutos antes de que tengamos señal”, dijo.
Las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año académico, hasta diciembre, mientras el país lucha por controlar el virus. Perú se ubica en el 12º lugar a nivel internacional y el segundo en las Américas, justo detrás de Brasil, en cuanto a muertes per cápita por COVID-19, según los datos sobre el virus de la Universidad Johns Hopkins.
Las dificultades a las que se enfrentan Torres y los padres de más de 150 alumnos discapacitados en Moquegua y en una segunda ciudad, Ilo, se han visto facilitadas por un programa de la Iglesia Católica que funcionaba antes de la pandemia y que se ha duplicado desde que comenzó, asegurándose de que sus alumnos reciban atención.
“Nos hemos enfrentado a muchas limitaciones. Tenemos padres analfabetos y algunas familias sin teléfono ni televisión para la educación a distancia. Algunos no tienen suficiente dinero para la comida”, dijo Kelly Ramos, que dirige el Programa de Educación e Inclusión Social de Cáritas-Moquegua.
Ramos y otra empleada del programa, Joissy Avendaño, han repartido cestas de alimentos, material sanitario y educativo durante los últimos 15 meses. Coordinan con los voluntarios las visitas a las familias para asegurarse de que los estudiantes sigan participando en el programa de educación a distancia. Les proporcionan a los padres una tarjeta telefónica prepagada de 8 dólares cada mes para ayudar a cubrir el costo de la descarga de las lecciones.
Ramos dijo que, aunque la pandemia puso al descubierto muchas debilidades en Perú, ha sido especialmente difícil para las familias con niños con necesidades especiales, debido a los cuidados que requieren. Cáritas, en colaboración con otros grupos, ha tenido que ser creativa para encontrar formas de hacer frente a la letanía de desafíos.
En el caso de los alumnos con discapacidades auditivas, por ejemplo, el Estado no dispone de suficientes intérpretes de lengua de signos, y hay largas listas de espera. Ramos dijo que esto se resolvió proporcionando lecciones completas en formato impreso para que los estudiantes sordos puedan seguir las clases y no se queden atrás.
Pedro Durán, cuyo hijo de 18 años, Alexander, lleva varios años en el programa de Cáritas, dijo que el mismo ha hecho una gran diferencia.
“Este programa, que trata de la inclusión, es muy importante. Hace que los niños sepan que son tan importantes como los demás. Mi hijo ha tenido éxito en este programa. Ahora es un ciudadano, un ciudadano con discapacidad”, dijo Durán.
Alexander Durán se graduará este año. Trabaja en una ferretería familiar durante las vacaciones escolares. Está deseando dar el siguiente paso y no duda cuando se le pregunta qué quiere estudiar.
“Voy a ser abogado”, dice.