Por Lise Alves | Catholic News Service
SÃO PAULO, Brasil (CNS) — El año pasado estuvo marcado por un aumento dramático en la violencia y las violaciones de derechos de los pueblos indígenas en Brasil, expresó el Consejo Misionero Indígena de los obispos brasileños.
“Esto … fue lo más desastroso en la historia del país”, expuso el arzobispo Roque Paloschi de Porto Velho, presidente del consejo, conocido por sus siglas en portugués como CIMI. Fue el mismo arzobispo quien presentó un informe, titulado “Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil: Datos de 2021”, en la sede de la conferencia de obispos en Brasilia el 17 de agosto.
El incremento de invasiones y ataques contra comunidades y líderes indígenas y la intensificación de los conflictos reflejaban “el ambiente institucional de ofensiva contra los derechos constitucionales de los pueblos originarios”, señala el documento. Según el informe, las invasiones y la minería en tierras indígenas han aumentado un 180 por ciento desde el 1 de enero de 2019, fecha en la que Jair Bolsonaro asumió la presidencia.
El informe registra 355 casos de violencia contra indígenas en 2021, la cifra más alta registrada desde 2013. Esto incluye los asesinatos de 176 indígenas, seis menos que en 2020, que registró el mayor número de homicidios desde 2014, que es cuando el CIMI comenzó a registrar los datos.
Dicho documento indica que, en la Tierra Indígena Yanomami, por ejemplo, donde trabajan más de 20,000 mineros, los invasores comenzaron a realizar ataques armados sistemáticos contra las comunidades indígenas, sembrando un clima de terror y causando muertes, incluso de niños.
Estos invasores también actuaron como vector de enfermedades como las de COVID-19 y malaria, infectando a la población yanomami, señala el informe.
Este también criticó una serie de acciones legales, como la certificación de propiedades privadas en tierras indígenas aún no demarcadas oficialmente por el gobierno, propuesta que hace inviables nuevas demarcaciones. También criticó un proyecto del gobierno federal que permitiría la minería en tierras indígenas, lo que, según el CIMI, dio confianza a los invasores para avanzar en sus acciones ilegales.
“Los sitios mineros desarrollaron una amplia infraestructura, los invasores ampliaron la deforestación de las áreas forestales para abrir pastos y sembrar cultivos, y los cazadores, pescadores, y madereros intensificaron sus incursiones en los territorios”, dice el informe.
El informe señala que, a pesar de varias acciones del ministerio público federal, este fue el tercer año en que Bolsonaro “cumplió su promesa de no demarcar ninguna tierra indígena”.
Durante la presentación, el obispo auxiliar de Río de Janeiro, Joel Portella Amado, secretario general de la conferencia episcopal, dijo que era necesario presentar la verdad sobre lo que está pasando con los pueblos indígenas en Brasil, “aunque esto se traduzca en dolor y muertes.” El obispo dijo que la forma en que Brasil trata a sus pueblos indígenas dice mucho sobre la nación.
“Un país es juzgado por su capacidad de proteger a sus hijos e hijas. En un país donde hay violencia y muerte, la condición de protector está muy cuestionada”, dijo monseñor Amado.
Este es el sexto año consecutivo que la encuesta registra un aumento en el número de casos de violencia contra los pueblos indígenas.
“Todos los años queremos llorar, tenemos dolor en el pecho, el corazón, y la cabeza. Todos los años quisiéramos que Brasil, la gente, la sociedad, los campesinos, los políticos, los militares traten diferente a los pueblos indígenas”, dijo Lucía Helena Rangel, una de los que organizaron el informe.