WASHINGTON (CNS) — La Corte Suprema de Estados Unidos decidió escuchar casos derivados de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump relacionadas con el financiamiento de la construcción de un muro fronterizo y el requisito de que los solicitantes de asilo permanezcan en México hasta que se procesen sus reclamos.
El tribunal dijo el 19 de octubre que se ocuparía de los casos después de que el Departamento de Justicia apeló los fallos de los tribunales inferiores contra las políticas.
Los jueces anteriormente habían permitido que la administración Trump siguiera adelante con sus planes a medida que los casos entraban a los tribunales federales.
Tras un voto el 31 de julio, una mayoría de 5 a 4 de los magistrados decidieron dar luz verde a que la construcción continuara en partes del muro fronterizo con México y rechazó solicitudes de varias organizaciones que pedían que la corte superior pusiera paro al trabajo.
La decisión se tomó después de que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó en junio que la transferencia de la administración en 2019 de $ 2.5 mil millones en fondos militares para pagar la construcción del muro fronterizo fue una extralimitación ilegal de autoridad ejecutiva.
En el segundo caso, la Corte Suprema, en una orden del 11 de marzo, había accedido a la solicitud de la administración de continuar aplicando su política conocida como “Quédate en México” mientras se apelaba ante el Tribunal Superior un fallo de una corte inferior que bloqueaba la política.
Los Protocolos de Protección al Migrante de 2019, como se le conoce formalmente a la política, requieren que los solicitantes de asilo se queden en México mientras sus casos pasan por los tribunales de inmigración de EE. UU.
El caso del muro fronterizo originó en 2018 cuando la administración Trump disputaba con el Congreso cómo financiar la construcción de barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El Congreso se opuso a la transferencia de fondos del presupuesto militar para el muro, diciendo que solo el cuerpo legislativo asigna dólares federales.
En julio, la Corte Suprema, en otro voto de 5-4, se negó a levantar una suspensión impuesta en 2018 que permitió al gobierno federal continuar construcción del muro mientras continuaba el desafío legal de usar fondos militares para la construcción.
Los opuestos al plan de financiamiento, el Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, habían pedido a la corte que interviniera, diciendo que si la suspensión no se levantaba, la administración podría terminar el muro antes de que la corte tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre la transferencia de fondos.
En 2018, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. se opuso a una declaración de emergencia nacional del presidente para liberar fondos adicionales para construir el muro a lo largo de partes de la frontera.
El muro fronterizo sur ha sido una parte importante de la plataforma de Trump desde el inicio de su campaña electoral de 2016, cuando prometió que México lo pagaría.
“Quédate en México” permite al Departamento de Seguridad Nacional devolver a los solicitantes de asilo a México a que esperen allí mientras se escuchan sus casos. Fue implementado por primera vez en enero de 2019 por funcionarios del departamento del cruce fronterizo de San Diego, e inicialmente se limitó a solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador. La política se amplió a los cruces en Calexico, California y cuatro ciudades de Texas y se amplió para incluir a más personas de otros países de habla hispana.
En su fallo, la corte del noveno Circuito dijo que los demandantes en el caso presentaron evidencia de que ellos, como otros que esperan en México bajo los protocolos, “enfrentan discriminación selectiva, violencia física, agresión sexual, aplicación de la ley abrumada y corrupta, falta de comida y refugio y obstáculos prácticos para poder participar en procedimientos judiciales en los Estados Unidos”.
En su presentación ante la Corte Suprema, el procurador general de los Estados Unidos, Noel Francisco, dijo que los fallos de la corte inferior contra los protocolos “anulan un esfuerzo esencial del gobierno para abordar el número sin precedentes de migrantes que llegan a nuestra frontera suroeste”. Dijo que no poder implementar la política pondría una “tensión inmediata e inmanejable” en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
No se espera que la Corte Suprema escuche los casos hasta 2021.