Por Eduardo Campos Lima
SÃO PAULO (OSV News) — Un estudio reciente realizado por la Sociedad Brasileña de Pediatría mostró que cada día 11 niños menores de 5 años son hospitalizados en la nación sudamericana debido a la desnutrición. Entre enero y noviembre de 2022, 4,135 niños fueron hospitalizados, la peor cifra en más de 10 años.
Las penurias económicas brasileñas se han visto intensificadas por la pandemia de COVID-19, algo que contribuyó a aumentar la hambruna entre los niños. Con casi 700,000 muertes, Brasil fue uno de los países más afectados del mundo.
A finales de 2022, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informó de que la pobreza extrema alcanzó al 29.4% de la población en 2021. Casi la mitad (46.2%) de los niños menores de 14 años viven en pobreza extrema en Brasil.
Grupos eclesiales brasileños que trabajan con los más necesitados de la sociedad han señalado en diversas ocasiones que el número de personas sin hogar — incluidos niños — ha tenido un crecimiento evidente en varias ciudades en los últimos años.
Activistas eclesiásticos afirman que el expresidente Jair Bolsonaro no abordó la crisis. Durante su mandato, Bolsonaro desmanteló el 75% de los comités formados por miembros de la sociedad civil para ayudar al gobierno a concebir e implementar políticas en varias áreas, incluidos los programas alimentarios.
“En su primer día en el cargo, en enero de 2019, Bolsonaro cerró el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, dijo a OSV Noticias Fábio Garcia Paes, coordinador del Servicio Franciscano de Solidaridad (SEFRAS) y activista de larga data por los derechos de los niños.
“También recortó la financiación del programa de alimentación escolar. El año pasado, su presupuesto correspondía sólo al 15% de lo que ascendía cuatro años antes”, dijo Paes, añadiendo que muchos niños pobres tienen su única comida diaria en la escuela.
Según Maristela Cizeski, coordinadora nacional de la oficina de Pastoral de la Infancia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), los fondos de servicios sociales distribuidos por el gobierno federal sufrieron fuertes recortes en los últimos años, y los gobiernos estatales y municipales no pudieron financiar sus programas de ayuda.
“Los migrantes, los grupos indígenas y las personas sin hogar fueron los que más sufrieron”, declaró a OSV News.
Los grupos eclesiásticos de defensa de los derechos de los niños denunciaron la situación en varias ocasiones e incluso interpusieron demandas contra el gobierno.
“Fuimos a contracorriente durante años. Se nos consideraba enemigos del gobierno por nuestra postura”, afirmó.
Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el poder en enero, el gobierno ha estado restableciendo los consejos de políticas públicas o reforzando su estructura.
“Esta semana, la Pastoral Infantil tendrá reuniones con diferentes ministros para presentar la actual crisis humanitaria relativa a la desnutrición infantil y sugerir acciones”, dijo Cizeski.
SEFRAS también mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno sobre el hambre en Brasil desde que el equipo de transición de Lula comenzó su trabajo en noviembre de 2021.
“Nuestro desafío como católicos ahora es seguir fortaleciendo las organizaciones cívicas que luchan por los derechos de los niños y asegurar la aplicación de las nuevas políticas”, dijo Paes.
La CNBB trabajará directamente en estas cuestiones, como miembro recién elegido del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente.
En el ámbito estatal y municipal, las organizaciones eclesiásticas también promueven políticas de protección de los niños vulnerables. Es el caso de São Paulo, donde la Pastoral del Menor de la archidiócesis participó activamente en la elaboración de un proyecto de ley que establecerá la política municipal para los niños sin hogar.
“Hemos trabajado durante cuatro años en la estructuración de ese proyecto. Escuchamos a organizaciones cívicas, miembros de iglesias y decenas de niños sin hogar sobre sus necesidades”, explicó a OSV Noticias Sueli Camargo, coordinadora del ministerio.
El proyecto, que fue aprobado por el concejo municipal y ahora espera la aprobación del alcalde, establece el conjunto de medidas que las diversas áreas del gobierno municipal deben tomar para sacar a los niños de las calles y reinsertarlos adecuadamente en la sociedad.
Camargo también está trabajando para promover la participación de activistas eclesiásticos en las elecciones de octubre para el servicio de atención a la infancia, la rama estatal que vigila y garantiza los derechos de los niños y que está formada por miembros de la sociedad civil.
“Tenemos grandes retos por delante. Actualmente tenemos algo parecido a una situación de posguerra en lo que respecta a los niños”, afirmó Camargo.