Por David Agren
Nicaragua ha liberado a más de 200 presos políticos, entre ellos sacerdotes católicos, estudiantes y opositores al régimen, quienes fueron sacados de prisiones que estaban en condiciones deplorables y enviados a Estados Unidos. El Obispo Rolando Álvarez de Matagalpa estaba entre los presos políticos incluidos en la lista de libertad y exilio, pero se negó a abandonar el país. Fue sentenciado a 26 años y 4 meses de prisión el 10 de febrero, según informes de prensa.
Los medios de los países centroamericanos informaron que 222 presos políticos abordaron un vuelo el 9 de febrero a Estados Unidos, donde se les otorgaría refugio.
The New York Times informó que el régimen del presidente Daniel Ortega no pidió nada a cambio de la liberación de los presos políticos, pero citó a un funcionario de la administración de Biden que dijo que Nicaragua esperaba mejorar las relaciones entre los dos países.
“La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre los Estados Unidos y Nicaragua sobre ciertos temas”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, en un comunicado del 9 de febrero.
“El desarrollo de hoy es producto de la diplomacia estadounidense concertada, y continuaremos apoyando al pueblo nicaragüense”.
El avión con los prisioneros liberados aterrizó en Washington al mediodía, hora del Este.
En una declaración en video emitida a principios del 9 de febrero, el juez nicaragüense Octavio Rothschuh ordenó la “deportación” de los presos políticos de Nicaragua.
“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua, a esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América, damos por concluida la sentencia de deportación”, dijo Rothschuh.
La Asamblea Nacional despojó rápidamente a los presos políticos exiliados de su ciudadanía nicaragüense.
Los nombres de los prisioneros no fueron revelados de inmediato, pero medios nicaragüenses y sacerdotes en el exilio dijeron que la lista incluía a eclesiásticos condenados en juicios falsos por conspiración y difusión de información falsa. La lista también incluía candidatos de la oposición descalificados por Ortega antes de las elecciones de 2021, cuyos resultados los funcionarios estadounidenses y europeos se negaron a reconocer.
La organización independiente de noticias nicaragüense Confidencial informó que seis eclesiásticos y un comunicador diocesano, condenados a 10 años de prisión por cargos de conspiración por un tribunal nicaragüense el 6 de febrero, viajaban en el vuelo a Estados Unidos.
La lista incluye a los padres Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cárdenas, todos de la Diócesis de Matagalpa. Otro sacerdote, el padre Óscar Danilo Benavidez, párroco de la comunidad de Mulukuku, quien fue arrestado el 14 de agosto y sentenciado el 5 de febrero por cargos similares de conspiración y difusión de información falsa, también se encontraba en el vuelo.
Durante un mensaje televisado el 9 de febrero a la nación nicaragüense, Ortega dijo que el Obispo Álvarez mientras hacía fila para abordar el vuelo “exige hablar con los obispos, una reunión con los obispos”. El obispo no abordó después de que su solicitud fuera denegada. El obispo, un crítico implacable del régimen, fue trasladado del arresto domiciliario, donde se encuentra recluido desde agosto de 2022, a la notoria prisión Modelo.
Ortega menospreció al obispo, llamándolo “desquiciado” y dijo a una audiencia nacional: “Ha mostrado comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana”.
“No sé qué piensa este señor”, dijo Ortega, “frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata, una resolución de un poder del Estado que lo está mandando a irse de país”.
El obispo se ha negado previamente a huir del país, a pesar de la creciente persecución. Se informó que una decisión judicial podría llegar tan pronto como el 15 de febrero en su juicio por cargos de conspiración y difusión de información falsa. Sin embargo, el 10 de febrero, un juez nicaragüense sentenció al Obispo Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión y lo despojó de su ciudadanía bajo los cargos de traición a la patria.
Una fuente nicaragüense le dijo a Inés San Martín, vicepresidenta de comunicaciones de las Obras Misionales Pontificias de EE.UU., que el Obispo Álvarez no firmó su orden de deportación. Otra fuente en Nicaragua le dijo a OSV News lo mismo.
Antes de que se revelerá la noticia sobre el obispo, la liberación de los presos políticos del 9 de febrero ofreció un raro momento de alivio para los católicos en Nicaragua, pero incluyó cierta consternación ya que los expulsados fueron despojados de su ciudadanía.
El Obispo Auxiliar Silvio José Báez tuiteó el 9 de febrero: “Me alegro profundamente de que los presos políticos de Nicaragua estén fuera de la cárcel. ¡Doy gracias a Dios por ellos! Nunca debieron ser apresados. Desterrándolos, la dictadura de Nicaragua comete otro crimen, mostrando que son ellos (el gobierno) quienes no merecen ser nicaragüenses”.
El Obispo Báez sirve en la Arquidiócesis de Managua en Nicaragua pero ahora vive en el exilio en Miami. Huyó del país en 2019 después de enfrentar amenazas de muerte por criticar al gobierno totalitario del país.
La Iglesia Católica de Nicaragua ha provocado la ira del régimen de Ortega por brindar refugio a los manifestantes después de que estallaron las manifestaciones en 2018 y, posteriormente, acompañar a las familias de los presos políticos.
“La iglesia es importante porque sigue siendo una de las instituciones con mayor confianza entre la población”, dijo a OSV News Tiziano Breda, investigador del Instituto Italiano de Asuntos Internacionales.
“(El Obispo) Álvarez fue una de las voces que se expresó abiertamente y… tenía capacidad para convocar a la gente. (Su encarcelamiento) desincentiva a cualquier otra voz en la Iglesia Católica a expresar puntos de vista o reunir a la gente y criticar al gobierno”, dijo.
La persecución de los católicos nicaragüenses ha causado consternación internacional y expresiones de solidaridad de conferencias episcopales de todo el mundo.
“Seguimos con tristeza y preocupación la situación en Nicaragua, y la persecución a la que está siendo sometida nuestra iglesia”, dijo el Cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (conocida como COMECE) en una carta del 6 de febrero al Obispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez de Jinotega, presidente de la conferencia episcopal de Nicaragua.
“Como obispos de COMECE, estamos comprometidos a promover la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua a través de nuestro diálogo regular con los representantes de las instituciones de la UE”, agregó el Cardenal Hollerich.
“No duden que como COMECE haremos todo lo que esté a nuestro alcance con las instituciones europeas para (la liberación del obispo) y para promover la libertad, el estado de derecho, la justicia y la democracia en su amado país”, dijo.
El Papa Francisco ha hablado relativamente poco sobre Nicaragua, donde el régimen expulsó al nuncio apostólico, el Arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo de 2022.
El papa ha expresado públicamente su preocupación por la situación en Nicaragua y ha llamado al diálogo. Dijo a los periodistas en septiembre: “Hay diálogo. Eso no significa que aprobemos o desaprobemos todo lo que hace el gobierno”.
Breda dijo que los objetivos de los diálogos que involucran a funcionarios nicaragüenses se han reducido de tratar de encontrar una solución a la crisis política, incluidas elecciones libres, que permitan a Ortega dejar el poder pacíficamente, “a tratar de persuadir al gobierno para que brinde las condiciones más mínimas y humanas para los prisioneros políticos”.
La Iglesia Católica ha promovido anteriormente el diálogo en Nicaragua para encontrar una solución pacífica a las protestas, pero interrumpió las conversaciones luego de que el régimen mostrara mala fe. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, posteriormente clasificaron a los líderes de la Iglesia como “golpistas” y “terroristas”.