Por Rhina Guidos | Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — Organizaciones religiosas que apoyan a migrantes están expresando su preocupación con propuestas de legisladores que puedan ampliar disposiciones para evitar la entrada de aún más inmigrantes a los EE. UU. durante un regateo en el congreso sobre lo que se incluirá en un histórico proyecto de ley de gastos de $260 mil millones prestando mayor enfoque a cuestiones de atención médica y el medio ambiente.
Varias organizaciones católicas de la Coalición Interreligiosa de Inmigración de 55 miembros expresaron su preocupación el 3 de agosto de que algunos legisladores intentarán incluir una extensión de una regla de la era del gobierno de Donald Trump en la Ley de Reducción de la Inflación.
La legislación es el elemento más popular en el Congreso antes del receso de verano para congresistas a principios de agosto. El proyecto incluye importantes créditos fiscales y subsidios para la atención médica y el medio ambiente.
Pero a algunos les preocupa que los legisladores republicanos tienen la intención de insertar una extensión al Título 42 de la Ley de Seguridad de la Salud Pública, que impide que los solicitantes de asilo ingresen a los EE. UU., citando preocupaciones de salud causadas por la pandemia de coronavirus.
La administración Trump comenzó a usar la regla del Título 42 en marzo de 2020 cuando el conocimiento de las crecientes infecciones del coronavirus comenzó a aumentar en los EE. UU. y en todo el mundo. El Título 42 sigue en vigor y los fallos de los tribunales federales lo han mantenido vigente.
Con el Título 42 aún vigente, “no hay necesidad de extender la política legislativamente”, dijo la Coalición Interreligiosa de Inmigración en un comunicado de prensa del 3 de agosto. “Los proyectos de ley y enmiendas que afirman extender temporalmente el Título 42 no solo generan una retórica dañina y xenófoba, sino que también imponen requisitos tan inalcanzables que harían que la búsqueda de asilo sea prácticamente imposible”.
“Las organizaciones de la (coalición) siguen siendo inequívocas en su apoyo basado en la fe a las personas vulnerables que se han visto obligadas a huir de sus hogares, y en el derecho legal y humano a buscar asilo”, dice el comunicado.
La coalición dijo que ha estado instando a senadores a votar “no” en cualquier enmienda “que perjudique a las comunidades de inmigrantes y descarrile este importante e histórico proyecto de ley que la nación necesita desesperadamente”.
La hermana Áine O’Connor, de las Hermanas de la Misericordia de las Américas, dijo que “las enmiendas antiinmigrantes no pertenecen en este proyecto de ley, y usar a los inmigrantes como peones para ganar puntos políticos niega su dignidad esencial, pertenencia y, en última instancia, nuestra propia realización de nuestra humanidad común y necesidad mutua”.
Los inmigrantes son contribuyentes fundamentales para la economía, dijo, y agregó que infundir miedo en cualquier idioma que los legisladores introduzcan en el proyecto de ley provocará una atmósfera de odio que podría cobrar vidas.
“Solo necesitamos reflexionar sobre el tercer aniversario de hoy del tiroteo masivo racista y violento en El Paso para ver los resultados de tal avivamiento del nacionalismo (anglosajón) y la retórica antiinmigrante”, dijo.
“Hacemos un llamado a los senadores que tratan de ‘culpar a las víctimas’, los inmigrantes, a que mejor reconozcan que décadas de políticas exteriores estadounidenses que han fallado en América Latina han contribuido a las causas profundas de la migración, creando un espiral de desigualdad y violencia que hace que la gente huya por sus vidas”, dijo la hermana O’Connor.
Fran Eskin-Royer, directora ejecutiva del Centro Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen Pastor, suplicó a los senadores que no agreguen “enmiendas falsas sobre inmigración y refugiados a la Ley de Reducción de la Inflación”.
“Estas posibles enmiendas antiinmigrantes dañarían aún más nuestro fracasado sistema de inmigración y perjudicarían aún más a los hombres, mujeres y niños inocentes que escapan de países peligrosos en busca de seguridad y bienvenida”, dijo.
“Nuestra Estatua de la Libertad y los valores estadounidenses abarcan a todos. Por lo tanto, debemos dar la bienvenida a todos, basados ??en el conocimiento de que todos y cada uno de nosotros estamos dotados de la dignidad que nos ha dado Dios”, agregó Eskin-Royer.
Mary J. Novak, directora ejecutiva de Network, un grupo católico de cabildeo con enfoque en la justicia social, dijo que este “no es el momento de jugar a la política… y ninguna píldora venenosa debe interponerse” en el éxito de avanzar paquete.
Pero el Título 42 puede no es el único punto de conflicto relacionado con la inmigración en las negociaciones. Algunos senadores republicanos han dicho que pueden mencionar la seguridad fronteriza y otros temas de inmigración, pero se han negado a decir cuáles son los puntos que trataran de avanzar.
Observadores de la política de inmigración también están viendo falta de avance de la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, un esfuerzo bipartidista de los senadores Michael Bennet, Demócrata de Colorado, y Mike Crapo, Republicano de Idaho. Ambos han estado luchando por establecer un camino para que los trabajadores agrícolas extranjeros obtengan estado legal en los EE.UU.
Si bien había alguna esperanza de que pronto se pudiera llegar a un acuerdo, dado que se dice que la falta de trabajadores en los campos agrícolas es una razón por la cual han aumentado los precios de alimentos en los estantes de supermercados estadounidenses, los senadores no han podido buscar consenso entre sus compañeros de ambos lados.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero el Senado no ha querido avanzar por una cuestión que tiene que ver con los derechos de los trabajadores.
La organización de noticias National Public Radio, en una nota del 18 de julio, dijo que los senadores están “atascados” ya que no quieren aceptar una disposición poco conocida que dice que trabajadores con visas H-2 se les debe permitir “demandar a sus empleadores si creen que se han infringido las leyes laborales”.