Por Carol Zimmermann | Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — El anuncio de la administración de Joe Biden del 5 de mayo, apoyando la renuncia a las protecciones de propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 — como un medio para expandir la producción y distribución de la vacuna — es una medida que el Vaticano ha estado sugiriendo.
En febrero pasado, en una reunión de la Organización Mundial del Comercio, un representante del Vaticano señaló que este paso “sería una fuerte señal, que demostraría un verdadero compromiso y empeño y, por lo tanto, pasaría de ser una declaración a una acción a favor de toda la familia humana”.
Antes del anuncio de mayo, Estados Unidos no había respaldado la propuesta de renunciar a los derechos de patente de las vacunas, hecha por India y Sudáfrica y apoyada por muchos demócratas del Congreso.
Si la Organización Mundial del Comercio adopta la exención — lo que requeriría meses de negociaciones y la aprobación final de todos los miembros — fabricantes de medicamentos de todo el mundo tendrían acceso a la información sobre cómo se desarrollan estas vacunas.
Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos que anunció la posición de la administración expresó en el comunicado que las “circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 requieren medidas extraordinarias”.
“La administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual”, manifestó, pero en un esfuerzo por poner fin a la pandemia, “apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19”.
Tai también dijo en su declaración que a medida que el suministro de vacunas de Estados Unidos esté asegurado, la administración de Biden “continuará intensificando sus esfuerzos — trabajando con el sector privado y todos los socios posibles — para expandir la fabricación y distribución de vacunas. (La administración) también trabajará” para incrementar el suministro de las materias primas necesarias para producir esas vacunas.
Esta decisión se produce cuando las infecciones por COVID-19 están aumentando en algunas partes del mundo, particularmente en India.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó al anuncio de la administración cómo un “momento monumental en la lucha contra el COVID-19,” y dijo en Twitter el 5 de mayo que esta decisión refleja el liderazgo moral de Estados Unidos.
Las compañías farmacéuticas, por el contrario, no estaban satisfechas con la acción de la administración de Biden. Un líder de la industria dijo que debilitaría la respuesta mundial a la pandemia y podría impulsar la producción de vacunas falsificadas.
Brian Kane, director general de ética de la Asociación de Salud Católica, señaló que la medida de la administración mostraba “buenas intenciones”, pero también dijo que era solo un paso en el esfuerzo general para asegurar que la vacuna llegue a todos.
Kane dijo a Catholic News Service el 6 de mayo que es importante mantener la idea de equidad en las vacunas al frente y al centro en todas las discusiones sobre cómo superar la pandemia, que es “un problema mundial”.
“No podemos cerrar los ojos ante la injusta distribución de vacunas”, expresó. “Tenemos que hacer algo al respecto; es nuestra responsabilidad”.
La Oficina de Maryknoll para Asuntos Globales también compartió la opinión. Chloe Noel, coordinadora del grupo del Proyecto Ecológico de Economía de la Fe, dijo en una declaración del 6 de mayo que espera que otros países que se han interpuesto en el camino de esta propuesta de exención de patente aparticipen en un diálogo constructivo para promover la propuesta.
“Ya se han perdido demasiadas vidas y muchas (personas) más se enfermarán o morirán sin acceso a las vacunas, especialmente en países de ingresos bajos y medianos”, dijo el comunicado, agregando que una “la recuperación justa requiere que todos tengan oportunidades equitativas y acceso necesario a vacunas, tratamientos, y pruebas necesarias para contener la pandemia”.
El arzobispo Ivan Jurkovic, representante del Vaticano ante las agencias de la ONU en Ginebra, quien se dirigió al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio en febrero, expresó una preocupación similar.
“A pesar de los miles de millones de dólares de los contribuyentes invertidos en I + D (investigación y desarrollo) y los anuncios de que las vacunas COVID-19 deben considerarse un bien público, ningún gobierno ha asumido abiertamente tal compromiso público”, señaló.