Por Rhina Guidos | Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — Funcionarios del gobierno han dado instrucciones a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para que se enfoquen en procesar casos de inmigrantes que representan una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza y que coloquen los casos de “baja prioridad” en una vía diferente.
La administración hizo público el memorando enviado a los fiscales el 4 de abril.
Algunos creen que se trata de los preparativos para una posible ola de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, resulto de la suspensión, el 23 de mayo, de una medida de salud pública llamada Título 42 que estableció la administración Trump en marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus estaba comenzando.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que la disposición prohíbe “la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea en virtud de estar sujetos a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque entraron ilegalmente al país ignorando las medidas de control sanitario”.
El Título 42 se suma a un creciente número de casos pendientes en los tribunales de inmigración que se calcula que supera el millón. El memorando identifica una serie de categorías que podrían ser de menor prioridad. Pero no está claro si se pondrá en marcha un sistema diferente para procesar a los que llevan meses o años esperando al no ser admitidos por el Título 42, y qué pasará exactamente con los casos de menos prioridad.
En una declaración del 5 de abril, el obispo auxiliar de Washington, Mario E. Dorsonville, presidente del comité de migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., aunque aplaudió el fin de esta “política perjudicial”, refiriéndose al Título 42, también lanzó una advertencia.
“Seamos claros: cualquier aumento percibido o real de migrantes vulnerables que busquen refugio en nuestra frontera en los próximos meses, no será un resultado directo de este cambio”, dijo.
“Muchos ya están en nuestras puertas, después de haberse visto obligados a quedarse en México durante un período de tiempo indefinido, sin poder aprovechar la oportunidad de buscar protección de acuerdo con la legislación estadounidense e internacional”, continuó. “La persecución, la violencia, los desastres naturales y otras causas que originan la migración seguirán obligando a las personas a buscar protección hasta que se emprendan esfuerzos más enérgicos para abordarlas”.
Además, en la frontera sur también se ha visto un número creciente de ucranianos que han llegado en avión desde países de Europa del este a varias ciudades de México y luego se dirigen a la frontera, con la esperanza de ser entregados a sus familiares en Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno dijeron que EE.UU. recibiría hasta 100,000 ucranianos que huyen de los ataques rusos, pero no hay ninguna disposición especial de inmigración que les permita entrar en EE.UU., aparte de solicitar asilo de manera tradicional, lo que puede tardar años.
“La discreción del fiscal es una característica indispensable de cualquier sistema legal que funcione”, según el memorando.
“La aplicación de discreción por parte del fiscal, cuando es apropiado, puede preservar los limitados recursos del gobierno, lograr resultados justos y equitativos en casos individuales”, continúa, “y promover la misión (del Departamento de Seguridad Nacional) de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos de una manera inteligente y sensata que fomente la confianza del público”.